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La dueña del micro accidentado no fue imputada

La mujer deberá presentarse ante la fiscal cuando se lo requieran. El colectivo solo estaba habilitado para circular en la provincia de Buenos Aires.

Una nueva jornada se vivió ayer en San Rafael en torno a la tragedia del colectivo en el que viajaban los integrantes de la escuela de danzas Soul Dance, ocurrida el domingo y que le costó la vida a 15 personas. Esta vez, la escena se trasladó a la Segunda Fiscalía Correccional de San Rafael, a cargo de Florencia De Diego, donde se presentó la mujer que figura como dueña de la empresa propietaria del micro en cuestión, quien quedó en libertad pero “sujeta a proceso judicial” (conforme al artículo 318 del Código Procesal Penal, ley 6730). La mujer (cuyo nombre la Justicia prefiere preservar, por eso no se da a conocer aquí) es la esposa del fallecido chofer del micro y está embarazada de tres meses. Por el momento no fue imputada y así, la propietaria de la firma -que en un principio se dijo que se trataba de la empresa Talcahuano pero luego trascendió que se denomina Damián Turismo- mantendrá su situación de libertad, pero deberá atenerse a una serie de reglas de conducta dentro de las cuales se encuentra dar aviso a la fiscalía en el caso que vaya a ausentarse de su domicilio por un tiempo prolongado y debiendo presentarse en la sede fiscal cada vez que sea citada. Según confirmaron desde la sede judicial, se confirmó que el vehículo accidentado -el colectivo cuya patente es EEZ 673- contaba con habilitación administrativa emitida por la Dirección Provincial de Transporte de la provincia de Buenos Aires. También que la fiscalía aguarda el resto de los informes relativos a los otros tipos de habilitaciones para circular que debía tener el micro. Mientras esos informes y el resultado de otras medidas ordenadas no sean agregados a la causa, no será posible aseverar que se vaya a imputar a alguna persona. Entre los informes y medidas se encuentran los pedidos a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y otras dependencias que deberán responder si el vehículo o la empresa contaba con esas habilitaciones. Cabe recordar que el intendente del partido de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini (de donde era oriunda la delegación), había asegurado que la empresa estaba habilitada para trabajar dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. La causa que investiga De Diego está caratulada como “homicidio culposo doblemente agravado” por el deber de cuidado de quien iba al mando del rodado y por la cantidad de víctimas, tal como explicó la fiscal. De comprobarse que no hay otra responsabilidad, no habría imputados debido a que el chofer que estaba a cargo en ese momento de la conducción, Jorge Damián Pinelli (34), falleció en el accidente. Dentro de la causa, Jorge Pinelli, de 59 años -el otro chofer del colectivo, padre del fallecido- se encuentra internado en el hospital Teodoro Schestakow de San Rafael con fractura de clavícula, politraumatismos y escoriaciones. El hombre no fue trasladado ayer con el resto de los heridos hacia Buenos Aires, ya que deberá prestar declaración en la fiscalía cuando se lo permita su estado de salud. Según informó ayer el director del hospital, Abel Freidemberg. tiene “buena evolución”.

Un helicóptero policial disparó contra la Corte venezolana y Maduro habla de ataque terrorista

“Condeno este ataque terrorista y golpista”,dijo Maduro. Hubo tanques de guerra en Caracas y militantes oficialistas asediando el parlamento

Venezuela vivió anoche una situación confusa, con tanques de guerra desplegados en el centro de Caracas y militantes oficialistas asediando la sede del parlamento, luego de que un helicóptero de la policía científica sobrevolara la ciudad y disparara y lanzara dos granadas sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Los tanques, del modelo Dragón 300, salieron del palacio presidencial de Miraflores y recorrieron parte de la zona céntrica de la ciudad, mientras militares se desplegaron en los alrededores del TSJ y se apostaron en sectores aledaños, en la avenida Baralt, informó el diario caraqueño El Nacional en su sitio web. Paralelamente, decenas de legisladores, dirigentes políticos y ciudadanos reportaban las alternativas de la situación a través de Twitter y otras redes sociales, en las que exhibieron numerosas fotografías de los incidentes. Mientras tanto, predominaba el nerviosismo en la sede de la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral), donde decenas de diputados de la mayoría opositora, así como empleados y periodistas, permanecían encerrados, asediados por cientos de simpatizantes chavistas. Las irregularidades en la AN comenzaron esta tarde, cuando la sesión parlamentaria fue interrumpida a raíz de la entrada en el edificio de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar) con unas 40 cajas con logotipos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tres diputados -Delsa Solórzano, Olivia Lozano y Winston Flores- y un periodista fueron golpeados por los uniformados, que no permitieron que el personal de la AN constatara el contenido de las cajas, que aparentemente transportaban máquinas de las que se utilizan en los procesos electorales. La GNB es una de las cinco fuerzas armadas de Venezuela y está a cargo, junto a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de la represión de las manifestaciones de protesta que vienen realizándose casi cotidianamente desde principios de abril y causaron 76 muertos y más de 1.400 heridos, según datos oficiales. Alrededor de las 17 (las 18 en la Argentina), la sede de la AN fue acordonada por cientos de encapuchados vestidos con camisas rojas, que cantaron consignas favorables al gobierno, amenazaron con entrar en las instalaciones de la sede legislativa, detonaron artefactos pirotécnicos y cuatro horas después aún permanecían allí. “El gobierno es el único responsable de lo que nos pueda pasar”, afirmó el diputado Jony Rahal a El Nacional. La salida de los tanques y las tropas a las calles, así como los disturbios en la AN tuvieron lugar poco después de que un helicóptero azul, con la sigla del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), sobrevolara el centro cívico de la ciudad y disparara y lanzara dos granadas contra la sede del TSJ. “Dos granadas fueron lanzadas hacia el TSJ, una detonó y la otra quedó en la avenida Baralt; zona tomada por militares; 7.30 pm”, informó el periodista Deivis Ramírez en su cuenta de Twitter. Poco después se supo que el helicóptero fue secuestrado por un oficial identificado como Oscar Pérez, de 35 años de edad y jefe de Operaciones Aéreas de la División Aérea de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cicpc, según reportaron los diarios digitales Notitarde y Caraota Digital. A Pérez pudo vérselo conduciendo la aeronave y en un video difundido en Instagram, en el que leyó una proclama de oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles en búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal; no pertenecemos a tendencia política o partidista; somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas”, afirmó Pérez en el video. Aseguró que “este combate” no es con el resto de las fuerzas de seguridad del Estado sino “en contra de la impunidad impuesta por este gobierno” y “en contra de la tiranía”. "Salgamos a la calle en Caracas al Fuerte Tiuna (la mayor guarnición militar de la capital) y en el interior del país a cada base militar, para que nos reencontremos como hermanos con nuestras fuerzas armadas nacionales y juntos reencontremos a nuestra hermosa Venezuela”, exhortó. “Estamos realizando un despliegue aéreo y terrestre con el único fin de devolver al pueblo y así hacer cumplir las leyes para restablecer el orden constitucional y es por eso que nos adherimos al artículo 350”, agregó Pérez. El artículo 350 de la Constitución establece que “el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. “Condeno este ataque terrorista y golpista”, dijo Maduro en declaraciones transmitidas por la cadena obligatoria de radio y televisión, reportaron las agencias ANSA, DPA y Reuters. “Dispararon desde el helicóptero y sobre el Ministerio del Interior; es el tipo de acciones que he venido denunciando”, dijo el mandatario, que ayer, en un acto partidario, había amenazado con hacer “con las armas” aquello que “no se pudo con los votos” si cayera la “revolución bolivariana”.

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